Como era de esperar, el anunciado cambio de gabinete del presidente Sebastián Piñera no logró aplacar el descontento social, incluso se convirtió en un aliciente para las protestas que este lunes se reactivaron en distintas ciudades del país.
El mediodía de este lunes, empujado por el levantamiento social de los últimos días, el Mandatario se vio en la obligación de remover a sus colaboradores más cercanos, quienes, al igual que en su primera administración, componían el pilar político y económico del diseño trazado en Apoquindo 3000.
Con ello el Mandatario intentó dar un giro, principalmente comunicacional, mostrando una cara más amable y empática a través de figuras como Karla Rubilar en la Segegob, Gonzalo Blumel en Interior y María José Zaldívar en Trabajo.
No obstante, en un contexto de crispación social, todo indica que dichas señales no fueron suficientes e incluso quedaron opacadas frente a otros nombramientos como Felipe Ward en la Segpres y Julio Isamit en Bienes Nacionales, quienes han sido cuestionados por algunas reprochables declaraciones que van en la línea opuesta a la diversidad y respeto por los derechos humanos.
Y pese a que durante las horas previas al ajuste ministerial se especulaba la conformación de un gabinete de carácter más “social”, con un perfil ligado a lo público, lo cierto es que aquello no ocurrió. Muy por el contrario, el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al igual que su par de Economía, Lucas Palacios, es ingeniero comercial de la Universidad Católica con experiencia en el sector público, pero fundamentalmente en el mundo privado.
Por otra parte, algunos de los secretarios de Estado más cuestionados como la titular del Mineduc, Marcela Cubillos, Jaime Mañalich en Salud o la ministra de Transporte Gloria Hutt no fueron removidos. Lo mismo ocurrió en el caso del jefe de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín o de Defensa, Alberto Espina.
Señales contradictorias
Tal como ha sido la constante en los discursos presidenciales, luego del cambio de gabinete el Mandatario emitió declaraciones fuertemente cargadas a las situaciones de violencia y desorden público, reiterando –una vez más- la idea de la “maldad” por parte de un grupo de personas que cometen estos actos.
Posteriormente el Jefe de Estado entregó sus condolencias y solidaridad con los familiares de las personas fallecidas a raíz de las movilizaciones, eludiendo cualquier responsabilidad en las mismas. De hecho, enfatizó que “si se han cometido atropellos o vulneraciones a los derechos humanos, éstas están siendo investigadas por los tribunales de justicia”, junto con recalcar que el Gobierno “no tiene nada que ocultar”.
Además, Piñera volvió a hacer hincapié en su “agenda social” la que a todas luces no satisfizo ni de cerca las demandas ciudadanas, asimismo sostuvo que la “esperanza” está en esas “maravillosas manifestaciones pacíficas” de las cuales “nadie debe instrumentalizar su mensaje”.
Todo esto, se contrapone manifiestamente con la señal que busca dar el Gobierno para apaciguar los ánimos y contener las masivas protestas a lo largo del país.
Para la cientista política y académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, llama más la atención el discurso posterior del jefe de Estado que el mismo ajuste ministerial: “Me sonó como el mismo estilo, bajó un poco el tono, le puso mucho énfasis a la agenda social que no representa grandes cambios. Yo estoy más bien a la expectativa. Si no hay anuncios concretos, las caras nuevas no van a servir de mucho” afirmó.
Una visión similiar posee el analista y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman quien manifestó que el nuevo gabinete “queda amarrado a una agenda social que no se corresponde con una demanda ciudadana”. Desde su mirada, se requiere una hoja de ruta que no es similar a la agenda social que es lo que está enfocado el Gobierno.
